En el distrito de San Isidro, un fiscalizador fue captado robando tamales y dinero a una humilde vendedora ambulante, en un acto que ha generado indignación en redes sociales y entre la ciudadanía. Este hecho no solo refleja un abuso de autoridad, sino también la constante vulneración de los derechos de los trabajadores informales, quienes día a día enfrentan no solo precariedad económica, sino también la falta de protección frente a quienes deberían garantizar el orden con respeto.
Más allá de la agresión material, este tipo de abusos puede tener un profundo efecto en la salud mental de las personas afectadas. La exposición repetida a tratos humillantes o violentos e incluso traumas duraderos, especialmente cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica.
El impacto del abuso de las autoridades en la salud mental de la población
La violencia ejercida por agentes del orden genera preocupación sobre el uso desproporcionado de la fuerza en operativos callejeros.
El reciente caso de una vendedora de tamales, quien fue agredida por un fiscalizador en San Isidro, no solo se trata de un incidente aislado. Este tipo de episodios reflejan un patrón de violencia institucional que, además de vulnerar derechos, tiene consecuencias concretas sobre la salud pública. La agresión no solo causó daños económicos, como muestran las imágenes ampliamente difundidas, sino también psicológicos que pueden perdurar mucho más allá del momento del ataque. "La salud pública se trata de que la población esté sana. Cuando las personas sufren violencia por parte de las autoridades, se vuelven enfermas", explica el sociólogo Sirry Alang.
Asimismo, Justin M. Feldman, profesor de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York e investigador de la violencia policial y la segregación racial y económica, señala que “cada vez hay más pruebas de que la salud mental y el bienestar de individuos y comunidades enteras se ven afectados tras un incidente de violencia policial de gran repercusión mediática”. Y es que el problema no es solo cuándo ocurre, sino el hecho de que podría pasarle a uno mismo o a personas cercanas. Esa anticipación constante genera un estrés invisible, pero profundo, que afecta directamente la salud mental.
Falta de confianza en las autoridades
El uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades puede tener consecuencias físicas, emocionales y sociales en la población.
Además del daño emocional, físico o incluso económico, el abuso de autoridad puede quebrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones que deberían protegerla. Como señala el Dr. Georges C. Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, cuando las personas no creen que las autoridades estarán de su lado ni garantizarán su seguridad, tienden a evitar cualquier tipo de contacto, incluso en situaciones de riesgo. Esta desconfianza debilita la relación entre la comunidad y las fuerzas del orden, lo que limita la capacidad del Estado para responder eficazmente a otras amenazas a la seguridad pública.
