El 12 de agosto, autoridades indonesias detuvieron a una mujer peruana de 42 años, identificada por sus iniciales N.S., en el aeropuerto internacional de Bali. La intervención ocurrió tras detectar una actitud sospechosa, lo que llevó a una revisión exhaustiva donde encontraron 1.4 kilos de cocaína y pastillas de éxtasis ocultos en su cuerpo. Según su testimonio, aceptó transportar los estupefacientes por una oferta de 20 mil dólares desde España. Debido a la legislación local, ahora podría enfrentar la pena de muerte por narcotráfico.
¿Es justificable la pena de muerte en estos casos?
Según el portal Naciones Unidas Derechos Humanos, expertos en derecho penal aseguran que la pena capital no representa una solución real para combatir el narcotráfico. Señalan que este tipo de castigo no garantiza una reducción en los índices de criminalidad y, por el contrario, puede alimentar ciclos de violencia y vulneración de derechos. Asimismo, sostienen que la aplicación de la pena de muerte suele recaer con mayor frecuencia sobre personas pobres, extranjeras o sin acceso a una defensa adecuada.
¿La pena de muerte disuade realmente el delito?
Desde hace décadas, distintos estudios han intentado demostrar si la pena capital tiene un efecto preventivo mayor que otras sanciones, como la cadena perpetua. Sin embargo, la mayoría de los análisis concluyen que no existen pruebas contundentes de que funcione como elemento disuasorio. Muchos crímenes se cometen en contextos de desesperación, presión o manipulación, donde la conciencia del castigo no es suficiente para evitar la acción.
Distintos estudios han intentado demostrar que la pena capital tiene un efecto preventivo mayor que otras sanciones.
¿Qué opinan los organismos internacionales?
Tanto la ONU como organizaciones defensoras de derechos humanos promueven la abolición universal de la pena de muerte. Consideran que no se ajusta a los estándares de justicia del siglo XXI, y que su mantenimiento no responde a una política efectiva sino a un enfoque punitivo y simbólico. También destacan que más de la mitad de los países del mundo han eliminado esta pena de sus legislaciones o la mantienen suspendida.
¿Qué alternativas proponen los especialistas?
Los expertos de la Amnistía Internacional coinciden en que, frente al narcotráfico, se deben fortalecer las políticas de prevención, la cooperación internacional, y el acceso a una justicia eficaz que priorice la rehabilitación. En lugar de recurrir a castigos extremos, se plantea la necesidad de enfrentar las causas estructurales del crimen: pobreza, desigualdad y falta de oportunidades.
